Pegasus: Usado en México para el espionaje a periodistas, abogados y activistas
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Pegasus: Usado en México para el espionaje a periodistas, abogados y activistas

Una investigación realizada por ONGs mexicanas y un laboratorio de tecnología canadiense, ha revelado cómo el gobierno mexicano espía ilegalmente (sin control judicial) a grupos de ciudadanos, especialmente defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, académicos o activistas anticorrupción.

En todos los lados cuecen habas. Sean dictaduras como China o democracias como Estados Unidos, el espionaje electrónico masivo avanza imparable destrozando derechos fundamentales de ciudadanos que nada tienen que ver con el terrorismo o la delincuencia, pero sí con lo que los gobiernos consideran eufemísticamente “enemigos del estado”.

El caso de México también es gordo. Según la investigación detallada por The New York Times en un extenso artículo, en los últimos años agencias federales mexicanas han gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje de la firma de origen israelí NSO Group, especializada en software de vigilancia y que cuenta con clientes gubernamentales en medio mundo.

El software de vigilancia es un viejo conocido, Pegasus, uno de los spyware más eficientes que se conocen para explotar vulnerabilidades conocidas y desconocidas para el gran público y que ya hemos visto en acción en múltiples lugares. Pegasus se infiltra en móviles inteligentes y otros dispositivos para espiar a mansalva a su dueño: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos o calendarios, además de utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para vigilancia adicional.

En teoría, NSO Group vende spyware como Pegasus a los gobiernos bajo estrechas condiciones de uso, que “solo” contemplan su utilización contra el terrorismo y grupos criminales relacionados -por ejemplo- con el narcotráfico. Sin embargo, en México ha sido utilizado para vigilar a ciudadanos críticos con el gobierno y sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta poner fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.

El gobierno mexicano se enfrenta a fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos. Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo en casos concretos con indicios claros de delito.

Ex-funcionarios de los servicios mexicanos de inteligencia han comentando a NYT que es imposible la aprobación de un juez para espiar a Pardinas. Tampoco a opositores políticos, defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción o periodistas que han investigado casos dramáticos como la desaparición de 43 estudiantes normalistas o los casos de violación. Malos tiempos para los derechos fundamentales en Internet, en dictaduras o en “dictablandas”.

Más información | The New York Times